Mala cosa es una Justicia politizada, pero peor es, aún, que un ministro dicte normas de funcionamiento a una Fiscalía que, de espaldas al pueblo, entregue cargos a fiscales especiales, para que sirvan intereses personales de las veleidades de un excentrico y extremista Gallardón. Existe una enorme diferencia entre servir a un pueblo y someter caprichosamente a un pueblo.
Un hombre que decide servir a otro, basado en acatar excentrecidades y caprichos, es demostración de sinsentidos, injusticias y atropellos. El señor Gallardón, porque de él dependen, no puede tener en su equipo apasionados fiscales contra lo justo y lo normal, y si no, que se lo pregunten a Rubén, a Elpidio o, a todo un colectivo humilde de necesitados de que se les aplique Justicia. Para ello es necesario que el responsable de atender necesidades ciudadanas, salga de su despacho, ande por la calle para saber cómo vive el pueblo y lo que necesita. De otra forma no podrá nombrar a servidores que no conocen lo que han de atender.
A los padres de Rubén, por si tenían poco encima, les han echado un Fiscal enemigo que, se las hará pasar canutas. Recuerdo un caso similar de unos españoles que vivían en Suiza, amigos mios, que ante el anuncio de la inmediata jubilación laboral, les pregunté, si cuando llegara el instante de pasar a ser pensionista, regresrían a España. Me contestaron que de ninguna manera, que en Suiza tenían garantizada la mejor situación de atención que podían desear para su hijo, con el mismo síndrome que Rubén.
Malos problemas puede crear a una familia, tener un hijo con el mencionado síndrome, pero padecerlo en España, es empeorar las perspectivas vitales de quien lo padece. Quienes controlan las ayudas o su denegación, son dos seres especiales WERT y GALLARDÓN, ¡Casi, ná!...
¡¡¡Al cabronismo hay que ponerle límites!!!
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Sábado, 26 de julio de 2014
Derechos humanos para Rubén
La Universidad Carlos III y Mayor Zaragoza exigen al fiscal del Estado que pare el juicio contra el padre y la madre del niño con síndrome de Down sin escolarizar.
«Renuncien a ejercer la acción penal contra los padres de Rubén». Así de claro. El Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, el ex director general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, el catedrático de la Universidad de Salamanca, Miguel Ángel Verdugo, y otras muchas personalidades defensoras de la infancia apoyan a Rubén, el adolescente leonés con síndrome de Down cuya familia reclama su educación inclusiva en un colegio ordinario.
Sus firmas se han sumado a la campaña promovida por la asociación Solcom (para la Solidaridad Comunitaria con las Personas con Diversidad Funcional y la Inclusión Social) y respaldada por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Carlos III. A través de la plataforma digital change.org exigen al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce que paralice el proceso penal contra el padre y la madre de Rubén, Alejandro Calleja y Lucía Loma, procesados, a instancias de la Fiscalía de León, por abandono de familia.
«Hasta ahora, los progenitores de Rubén no han obtenido la debida protección jurídica en la defensa de los derechos de su hijo, pero el pasado mes de mayo la situación ha empeorado al iniciarse de manera formal un procedimiento penal contra ellos», señala la carta dirigida al fiscal general del Estado.
La dimensión social que está tomando el caso, que también cuenta con el respaldo del Cermi y de Down España, «muestra que cada vez hay más conciencia ciudadana de lo que nos estamos jugando todos. Si finalmente ganamos, ganaremos todos pero si perdemos perderemos todos también», afirma el padre de Rubén.
«El apoyo del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Carlos III es abrumador: han firmado todos sus miembros», destaca el hombre, consciente de que pronto habrá fecha para el juicio en el que se dirimirá si son responsables del «abandono familiar de su hijo».
Previamente, se han visto obligados a pagar una fianza de 2.400 euros exigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de León. Rubén es un niño que hasta el curso 2009-2010 estuvo escolarizado en un colegio público ordinario de León «de manera satisfactoria y plenamente integrado con sus compañeros».
En dicho curso y en el siguiente cuando «empezó a sufrir rechazo y malos tratos físicos y verbales y morales por parte de algunos profesores y tutores lo que inevitablemente supuso un cambio en su experiencia vital y educativa», apunta el manifiesto.
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